La democracia chilena, desde su recuperación en los 90, ha permanecido en un constante tambaleo respecto de su legitimidad. Durante los primeros años del gobierno de Aylwin, el dictador no solo formaba parte del Senado, sino que amenazó no una, sino varias veces la nueva institucionalidad. Fue recién cuando lo apresaron que la derecha dejó de instalar la idea de que “cuando los militares gobernaban no existía tanto desorden”, abandonando la estrategia comunicacional del sector que creció bajo ese amparo para convertirla en una frase trasnochada de uso más bien popular.
Tras ese ciclo, el sistema democrático entraría en otra crisis. Las medidas económicas y políticas de la dictadura habían perjudicado el modo de vida de los ciudadanos y ciudadanas. A eso se sumaría la ampliación económica que trajo muchos beneficios a la pequeña economía nacional —carreteras, malls, exportaciones, crecimiento rápido y vanguardia—, sostenida sobre los hombros de trabajadores que, en paralelo, basaban su acceso a mínimos de subsistencia y bienestar en el endeudamiento familiar. Mientras tanto, sus ahorros para la jubilación actuaban como soporte para la inversión de grandes capitales. Cuando esa generación envejeció, quedó al descubierto la estafa: las AFP eran máquinas de crear dinero, pero desastrosa y oportunistamente ineficientes a la hora de repartirlo.
Más tarde enfrentaríamos el inicio del más reciente ciclo de crisis. En 2005 ocurrió el paro de los trabajadores del cobre, que dio origen a la CTC; luego, los estudiantes se movilizarían en 2006 y 2011, y más tarde el movimiento feminista marcaría la agenda pública en 2018. La seguidilla de muestras de malestar alcanzó su punto de ebullición en 2019 con las protestas del Estallido Social, marcando una grieta que todavía no hemos sido capaces de subsanar.
Mientras eso ocurría en las calles, en el corazón de las instituciones se estaba desarrollando una erosión profunda y estructural de la democracia: los casos de corrupción que revelaron la participación de políticos en hechos de cohecho. Los votos de las cámaras de representación habían sido intervenidos para la propuesta, aprobación o rechazo de iniciativas en función del beneficio de grupos económicos particulares. Casos como PENTA y SOQUIMICH dañaron profundamente la credibilidad de la institución legislativa. Lo mismo ocurriría con las instituciones de seguridad, a través del Paco Gate y el Milico Gate, que revelaron la participación de altos mandos de Carabineros y el Ejército en el uso de fondos, incluyendo fondos reservados del cobre, para fines personales.
El puñal que faltaba para terminar de derrumbar la credibilidad de nuestro sistema democrático postdictatorial lo estamos viviendo hoy, en tiempo real: la corrupción en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema y el pago de favores en altas esferas políticas.
De ahí venimos. Por eso es difícil sostener discusiones familiares o hablar con taxistas, porque la legitimidad de la política, y con ella la de la democracia, está en tela de juicio. ¿Cómo hacer ver a un cercano la relevancia que tiene su voto? ¿Cómo ampliar el marco para que no elija según el carisma del candidato, su nivel de soflama o su partido político como si se tratara de un bloque homogéneo? ¿Cómo recuperamos la relevancia de la probidad, del historial y de la viabilidad de las propuestas?
Parece imposible, porque este escenario es también el que más favorece a la corrupción: considerar la política como un pozo envenenado en el que “todos roban” y “todos son iguales”. La distancia ciudadana ofrece justo lo que necesitan: el retiro de la fiscalización.
Si se mira la historia, se puede asegurar que las crisis de poder no suelen tener un buen destino cuando se prolongan. Dictaduras y recambios institucionales surgen cuando esa legitimidad no se recupera antes de que todo se derrumbe. Y aunque hoy no se esté llegando a un consenso sobre el proceder, sí existe una ventana de acción para los ciudadanos y ciudadanas: la disposición al diálogo y a la organización. Una tarea amplia, desgastante, pero ineludible para quienes están comprometidos con la democracia y, más aún, conscientes de que los efectos de su abandono siempre recaen con más crudeza sobre los más vulnerables.