El pasado jueves 14 de mayo, Greenpeace Chile presentó una querella criminal por los delitos de cohecho agravado y revelación de secretos en el marco de la tramitación del proyecto minero-portuario Dominga, de la empresa Andes Iron. La acción judicial dirigida contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, fue declarada admisible este miércoles 20 por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La querella, tal como recoge Radio UChile, surgió tras el reportaje del medio Reportea en el que se reveló que Andes Iron habría realizado pagos por más de 255 millones de pesos al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, pese a contar ya con representación legal externa para el proyecto. Dos de los socios del estudio, los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, se encuentran actualmente imputados y en prisión preventiva por su presunta participación en una red de corrupción vinculada al Poder Judicial.
Mauricio Daza, abogado penalista que representa a Greenpeace en esta acción judicial, sostuvo que resulta fundamental esclarecer cuál fue el verdadero rol de estos abogados en la tramitación de Dominga. “Aunque la glosa de estos pagos asegura que los servicios contratados habrían sido ‘asesoría jurídica y técnica vinculada al proceso de calificación ambiental’ del proyecto, existe abundante evidencia de que esto no sería así”, señaló.
El abogado agregó que es necesario investigar si existió alguna actuación ilícita durante la tramitación judicial del proyecto, considerando que Lagos y Vargas están imputados por presuntamente haber pagado sobornos a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para favorecer a uno de sus clientes. Daza recordó además que, según antecedentes surgidos de esa investigación, tanto el actual ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, como su cónyuge, María Cecilia Ramírez, habrían mantenido vínculos con el estudio Lagos, Vargas & Silber. “Se debe recordar que Matus ha votado al menos dos veces a favor de Dominga, siendo incluso redactor de uno de esos fallos”, indicó.
Desde Greenpeace Chile, su director ejecutivo, Matías Asun, afirmó que la querella busca “esclarecer la verdad y restituir la confianza en las instituciones públicas, el Poder Judicial y particularmente la institucionalidad ambiental”, agregando que este tipo de hechos “afecta profundamente al Estado en su conjunto”.
En esa línea, Asun recordó que el proyecto Dominga —rechazado en tres oportunidades por la institucionalidad competente desde su ingreso a evaluación ambiental en 2013— ha estado marcado por reiteradas acusaciones de corrupción. Entre ellas, mencionó el caso del exfiscal Manuel Guerra, quien en 2017 sobreseyó otra investigación relacionada con el proyecto y que actualmente enfrenta investigaciones por presuntas gestiones irregulares en causas de alto perfil.
Para Greenpeace, los antecedentes conocidos hacen urgente esclarecer posibles presiones indebidas o eventuales sobornos relacionados con la tramitación judicial del proyecto, especialmente considerando que Dominga continúa buscando su aprobación a través de tribunales.Asun concluyó señalando que “la ciudadanía exige instituciones íntegras, transparentes y orientadas al bien común, no al enriquecimiento de unos pocos”. En ese sentido, enfatizó que “hoy, más que nunca, es fundamental resguardar la probidad y asegurar que los poderes del Estado actúen con plena autonomía e independencia. Solo así será posible fortalecer la confianza pública y garantizar el adecuado funcionamiento de nuestra democracia”.