A una década de las movilizaciones que paralizaron Chiloé en 2016, la crisis de la marea roja y el vertimiento de salmones muertos al mar siguen marcando un antes y un después en la relación entre comunidades costeras, Estado e industria salmonera. Lo ocurrido no solo expuso los impactos profundos del modelo salmonero en el ecosistema del archipiélago, sino también las fracturas sociales y los límites del aparato político para contener una revuelta territorial de gran alcance.
Recogemos la información sistematizada por Diario Mapuche para revisitar el conflicto que estalló el 2 de mayo, cuando pescadores artesanales, recolectores, mariscadores y organizaciones sociales bloquearon rutas terrestres y marítimas en distintas comunas del archipiélago. En pocos días, la movilización se expandió y sumó a profesores, trabajadores públicos, comerciantes, organizaciones sociales y comunidades indígenas, configurando una protesta transversal bajo una consigna común: la defensa del mar frente al modelo extractivo salmonero.
En el centro de la crisis aparece la expansión inédita de la marea roja, que desde meses antes había obligado al cierre de amplias zonas de extracción y golpeaba con fuerza la economía local. La explicación oficial apuntaba a un fenómeno natural, pero en el territorio se consolidaba otra lectura: la industria salmonera no solo operaba dentro de ese escenario, sino que contribuía a profundizar sus efectos, instalándose como actor central en la degradación del ecosistema.
La mortandad de fauna marina asociada a las toxinas y a la disminución de oxígeno provocada por las microalgas afectó también a los centros de cultivo. Allí, la sobrecarga de densidad, el estrés ambiental y la fragilidad del sistema productivo derivaron en la necesidad de gestionar miles de toneladas de salmones muertos. Una parte fue enviada a plantas de harina de pescado o vertederos industriales, pero otra —según múltiples testimonios— terminó siendo descargada directamente al mar. La práctica profundizó la percepción de un modelo que externaliza sistemáticamente sus costos ecológicos sobre el territorio.
Para las comunidades, la crisis dejó de ser solo sanitaria o económica: se transformó en un conflicto político estructural.
Mientras la protesta se expandía y Chiloé entraba en una paralización prolongada, el Estado enfrentaba serias dificultades para articular una respuesta coherente. El gobierno de Michelle Bachelet no logró instalar una mesa de negociación única, y la interlocución se dispersó en canales paralelos que competían entre sí. Esa fragmentación institucional profundizó la desconfianza y dejó en evidencia la distancia entre las decisiones del nivel central y la experiencia del archipiélago.
A ello se sumaron medidas de contención como bonos dirigidos a la pesca artesanal, preacuerdos sectoriales y el envío de fuerzas policiales al territorio. Lejos de ordenar el conflicto, estas acciones acentuaron la fractura interna del movimiento: algunos sectores aceptaron negociaciones parciales, mientras otros denunciaron una estrategia de desarticulación política de la movilización.
Durante los dieciocho días en que la comunidad sostuvo formas de organización autónoma y no reconoció como interlocutores válidos a autoridades parlamentarias o regionales, surgieron comedores comunitarios, redes de abastecimiento y prácticas de autogestión que sostuvieron la vida cotidiana en medio del bloqueo. En paralelo, en distintas ciudades del país se replicaron las movilizaciones contra la industria salmonera, bajo consignas que denunciaban el saqueo del mar y la destrucción del ecosistema.
La desactivación del conflicto ocurrió de forma fragmentada. Negociaciones simultáneas entre dirigencias locales, intermediarios políticos y el gobierno central, sumadas a la presión del calendario político en la antesala de la cuenta pública de mayo de 2016, derivaron en acuerdos parciales que permitieron el despeje progresivo de las rutas. Más tarde, el gobierno anunció investigaciones sobre la industria salmonera, aunque los informes oficiales descartaron su responsabilidad en la marea roja, cerrando institucionalmente un debate que permaneció abierto en la experiencia social del territorio.
A diez años, el “Mayo Chilote” se mantiene como uno de los hitos más relevantes de movilización social en el sur de Chile: una revuelta que articuló comunidades diversas en defensa del mar, enfrentó directamente a la industria salmonera como eje del conflicto, y dejó en evidencia no solo la magnitud de la crisis socioambiental, sino también la fragilidad del sistema político para procesarla sin fragmentar sus propias bases sociales.
