Según estimaciones, entre 5,8 y 10,7 millones de personas en América Latina podrían desplazarse hacia 2050 debido a eventos extremos y cambios ambientales progresivos. Un estudio reciente del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) advierte sobre los impactos sociales, económicos y sanitarios de las movilidades climáticas, un fenómeno que ya se perfila como determinante estructural de la salud en la región.
Las investigadoras Karla Yohannessen (Escuela de Salud Pública, CR2) y Hanne Wiegel explican para la Universidad de Chile, que el clima aparece con más frecuencia como condicionante para la decisión de dónde vivir. Incendios, sequías e inundaciones no solo desplazan poblaciones, sino que también reconfiguran la vida cotidiana, incorporando la movilidad como una respuesta creciente frente a territorios en transformación.
El estudio distingue tres formas principales de movilidad climática: desplazamientos forzados por eventos extremos como incendios o inundaciones; migraciones más planificadas asociadas a procesos lentos como la megasequía; y reubicaciones organizadas, generalmente con apoyo estatal, desde zonas de alto riesgo. A esto se suma un fenómeno menos visible: las inmovilidades climáticas, es decir, personas que no pueden o no desean desplazarse pese al riesgo, ya sea por falta de recursos o por arraigo territorial.
En Chile, estos procesos ya son observables en territorios como Monte Patria y la provincia de Petorca, donde la sequía ha impulsado migraciones laborales y debilitado la permanencia rural. El estudio del CR2 sobre la Macrozona Centro-Sur —que incluye O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío— muestra con especial claridad lo que ocurre en este último territorio: una zona donde la sequía prolongada convive con incendios recurrentes, generando tanto desplazamientos laborales sostenidos como episodios de movilidad forzada tras eventos extremos.
En esta macrozona, los incendios actúan como detonantes inmediatos de desplazamiento, mientras la sequía impulsa migraciones más silenciosas y continuas, especialmente hacia áreas urbanas o agrícolas de mayor estabilidad relativa.
Los impactos económicos son significativos: un 37,6% de los hogares reporta nuevos gastos permanentes tras desplazarse y un 32,8% enfrenta costos directos de mudanza. Incluso quienes no migran deben asumir mayores costos de transporte y movilidad laboral.
En el plano social y sanitario, el estudio revela efectos profundos. Un 62,6% de las personas que se movilizan reporta deterioro en su salud mental, asociado a estrés, ansiedad y depresión. Además, estos procesos no son neutros al género: cuando los hombres migran por trabajo, las mujeres que permanecen en el territorio enfrentan sobrecarga de cuidados y pérdida de autonomía económica.
Pese a la magnitud del fenómeno, el estudio evidencia una brecha crítica en políticas públicas. El Estado ha avanzado en medidas de adaptación y reconstrucción, pero no existen instrumentos específicos que acompañen los procesos de desplazamiento climático, dejando a las familias la mayor carga económica y emocional.
El informe identifica además “hotspots” de movilidad climática: territorios donde confluyen degradación ambiental, dependencia económica de actividades sensibles al clima y debilidad en la planificación territorial. En estas zonas, el riesgo de desplazamiento forzado aumenta de manera sostenida.
Incluso cuando la movilidad es voluntaria, sus efectos pueden ser severos. La migración suele implicar ruptura de redes de apoyo, dificultades de acceso a servicios y aumento de problemas de salud mental tanto en quienes se van como en quienes permanecen.
En este contexto, la movilidad climática se consolida como un problema de salud pública aún subregistrado. Incendios exponen a poblaciones al humo tóxico; la sequía compromete el acceso al agua; y la incertidumbre prolongada genera efectos psicológicos persistentes. La falta de datos sistemáticos impide dimensionar plenamente su impacto.
La población infantil aparece como uno de los grupos más afectados y menos estudiados, enfrentando interrupciones educativas, pérdida de redes de apoyo y afectaciones en su desarrollo emocional.
En conjunto, el estudio concluye que las movilidades climáticas no solo transforman los territorios, sino que configuran un desafío estructural para la salud pública y la política social, que hoy sigue siendo abordado de manera fragmentada frente a una crisis en expansión.