Con la llegada de las bajas temperaturas y los primeros episodios críticos de contaminación atmosférica, Ñuble inició una nueva temporada invernal marcada por mayores restricciones al uso de calefacción a leña en el marco del nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) del Valle Central.
El anteproyecto, actualmente en consulta pública, abarca 13 comunas y considera medidas que impactarían a cerca del 85% de la población regional. Entre ellas, la prohibición gradual del uso de salamandras, calefactores hechizos y equipos de cámara simple que no cumplan con la normativa ambiental vigente.
Aunque las autoridades locales coinciden en la necesidad de reducir los niveles de contaminación atmosférica y material particulado fino MP2,5, asociado al aumento de enfermedades respiratorias durante el invierno, el principal foco de discusión se ha desplazado hacia las condiciones económicas de las familias que dependen de la leña como principal fuente de calefacción.
Los ediles de Bulnes y El Carmen advirtieron que una transición hacia energías menos contaminantes requiere gradualidad, subsidios y acompañamiento estatal, considerando que alternativas como la electricidad o el pellet continúan teniendo costos significativamente más altos para gran parte de la población.
El debate también ha puesto atención sobre las condiciones estructurales de las viviendas en sectores rurales y urbanos donde la deficiente aislación térmica obliga a un mayor consumo energético, reduciendo la efectividad de cualquier sistema de calefacción. En ese contexto, programas de mejoramiento habitacional y reacondicionamiento térmico aparecen como uno de los ejes centrales de la discusión.
Desde la academia, especialistas han advertido que las restricciones al uso intradomiciliario de leña difícilmente tendrán resultados sostenidos si no se aborda paralelamente el problema de la pobreza energética. Este análisis es compartido por el Centro EULA de la Universidad de Concepción, quienes confirman que energías más limpias continúan siendo económicamente inaccesibles para numerosos hogares, particularmente en periodos de mayor demanda eléctrica.
Según cifras de la Seremi del Medio Ambiente, más del 80% de las emisiones de material particulado fino en la zona provienen de la combustión residencial a leña, especialmente cuando se utiliza leña húmeda o sistemas de calefacción de baja eficiencia.
En paralelo, las autoridades reforzaron el llamado aluso de leña seca y certificada, al recambio de calefactores y a la participación ciudadana en el proceso de consulta pública del PDA, que permanecerá abierto hasta el 20 de mayo.
Más allá de la discusión técnica, el escenario vuelve a evidenciar una tensión persistente en zonas con alta dependencia de combustibles tradicionales: cómo avanzar en metas ambientales sin trasladar completamente los costos de la transición energética a los hogares con menores ingresos, todo esto en un contexto de incertidumbre económica que, sumado a la inflación, podría obligar a algunas familias a incumplir la normativa, exponiéndose a multas por el uso de este combustible.