Vamos directo al punto: el cobro de la Tesorería General de la República a los deudores del CAE es inconstitucional. Como medio de cobranza, es más parecido a la imagen caricaturesca de tomar al deudor de los pies y agitarlo hasta que caigan las monedas que a un mecanismo válido para una deuda que no corresponde al ámbito tributario.
Cuentas corrientes dejadas en cero, indiferenciación entre saldos correspondientes al sueldo y a los ahorros, y una larga lista de irregularidades se suman a la displicencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien, consultada sobre la situación, respondió que “hubo muchos avisos previos”.
Aun si nos abstrajéramos de los planteamientos con que el gobierno promovió la reforma, incluyendo la existencia de una renta mínima sobre la cual se forzarían los cobros, sigue sobrevolando la sensación de que el Ejecutivo se instaló sin conocer el funcionamiento de los organismos que persiguió durante casi una década.
Gobernar un país como Chile no era la empresa expeditiva del imaginario republicano. Cuando una política pública termina vulnerando principios básicos de proporcionalidad y seguridad jurídica, deja de ser una discusión administrativa para convertirse en una discusión política de primer orden.
Lo que se observa en este caso no es únicamente un error de implementación ni un problema comunicacional, sino una preocupante distancia entre el discurso político y las consecuencias concretas de las decisiones adoptadas.
Pero el episodio también vuelve a poner sobre la mesa una discusión más profunda: la persistencia del Estado subsidiario en áreas que difícilmente pueden reducirse a una lógica de mercado. El Crédito con Aval del Estado fue presentado durante años como una herramienta para ampliar el acceso a la educación superior. En la práctica, significó incorporar a miles de jóvenes a compromisos financieros de largo plazo para acceder a un derecho cuya provisión el Estado fue abandonando progresivamente.
Miles de personas ingresaron así a la adultez cargando una deuda que, lejos de desaparecer con el tiempo, en muchos casos continuó creciendo pese al pago. La solución al problema no fue fortalecer la provisión pública, sino individualizar el costo. Lo que antes era una responsabilidad colectiva pasó a convertirse en una obligación personal.
Por eso el debate actual trasciende largamente la discusión sobre el pago. Lo que indigna no es únicamente el cobro, sino la secuencia completa. Primero se abandona a las personas a las reglas del mercado para resolver necesidades esenciales como la educación. Luego, cuando esas mismas reglas producen endeudamiento, precariedad o incumplimientos, aparece una capacidad coercitiva inusitada para garantizar el cobro.
Es difícil aceptar la tesis de la necesidad de recaudación cuando se aplica sobre quienes arrastran una deuda educativa contraída a los 18 años, mientras se impulsan alivios, incentivos y flexibilidades para quienes concentran grandes patrimonios. La pedagogía de la responsabilidad parece aplicarse con distinta intensidad según la posición que se ocupe en la estructura económica.
La paradoja resulta difícil de ignorar. Allí donde durante décadas se argumentó que el Estado debía retirarse para fomentar la responsabilidad individual, hoy se despliega toda la fuerza institucional para perseguir las consecuencias de esa misma retirada. El Estado abonó durante años el terreno al asumirse subsidiario en materias fundamentales. Este gobierno parece haber decidido perfeccionar una de sus expresiones más agresivas.