En medio del debate sobre la Megareforma, se instala una vez más la discusión sobre las contribuciones. En Chile, cerca del 77% de las viviendas está exenta de este Impuesto Territorial. El 23% restante financia un sistema del cual alrededor del 60% se redistribuye mediante el Fondo Común Municipal para apoyar a las 345 comunas del país.
Desde sectores libertarios se ha popularizado la idea de que las contribuciones constituyen un “impuesto expropiatorio” o, en palabras de Johannes Kaiser, “un robo legalizado”. El argumento cuela porque es sencillo: si una persona ya pagó impuestos al comprar su vivienda, ¿por qué debería seguir pagando indefinidamente por ella?
La idea conecta con una sensación de agotamiento tributario. Sin embargo, el planteamiento comienza a mostrar grietas cuando observamos cómo se construye realmente el valor de una propiedad.
Permítanme un ejemplo. Dos casas idénticas pueden tener precios completamente distintos dependiendo del lugar donde se encuentren. La diferencia no está en los ladrillos ni en la pintura, sino en el entorno: calles pavimentadas, iluminación, áreas verdes, conectividad, servicios públicos y planificación urbana.
Todos sabemos intuitivamente que una vivienda aumenta de valor si cerca de ella se construye un hospital. La plusvalía inmobiliaria, entonces, no es creada únicamente por el propietario, sino también por inversiones y servicios financiados colectivamente.
Por supuesto, eso no significa que el sistema actual sea perfecto. Existen casos donde los avalúos fiscales generan distorsiones, especialmente en adultos mayores o familias cuyos ingresos no crecieron al ritmo de la plusvalía de sus barrios. Lo razonable, por ende, es discutir más mecanismos de exención, gradualidad y corrección. Muy distinto a pretender eliminar uno de los principales ingresos municipales del país.
La OCDE ubica a Chile dentro de los cinco países que menos recaudan por este gravamen por encima de México, República Checa, Costa Rica y Eslovaquia. Una propiedad con destino habitacional tiene un impuesto del 1,4% anual del valor fiscal de la propiedad. Además, la tasación fiscal es, por lo general, inferior al valor de mercado.
Aun las economías más liberales entienden que la propiedad implica obligaciones. Que contribuir con el Estado es necesario ya que sin instituciones públicas que registren, protejan y den certeza jurídica, la propiedad privada simplemente pierde valor y estabilidad.
Este impuesto territorial, en particular, forma parte del costo de sostener el ecosistema urbano que permite que esa propiedad conserve, e incluso aumente, su valor en el tiempo. Finalmente ayuda a que parte de la riqueza inmobiliaria retorne al territorio que ayudó a crearla.
Constanza Villalobos Díaz
Fonoaudióloga y profesional del sector público.
Con trayectoria en áreas vinculadas a salud, gestión y desarrollo social, su experiencia incluye el ejercicio académico en educación superior y una formación de posgrado orientada a la salud pública, lo que le ha permitido construir una mirada integral sobre los desafíos sanitarios y sociales del país. En los últimos años ha enfocado su trabajo en el servicio público, participando activamente en iniciativas de impacto territorial y comunitario. Como columnista, busca aportar análisis y reflexión sobre contingencia, políticas públicas y bienestar social desde una perspectiva técnica y humana.
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