A fines de abril, la Industria Azucarera Nacional S.A. (IANSA) anunció que dejará de comprar remolacha a productores locales, una decisión que ha generado preocupación entre agricultores del centro-sur del país.
El impacto se concentra en regiones como Maule y Ñuble, que históricamente han reunido cerca de dos tercios de la producción nacional de remolacha azucarera, según datos del INE y la ODEPA. En estos territorios, el cultivo ha estado vinculado a economías agrícolas altamente especializadas, donde la remolacha articula producción primaria, transporte y procesamiento industrial.
El efecto no es solo agrícola. Es también territorial: la actividad estructura empleo estacional, servicios asociados y encadenamientos logísticos que dependen de su continuidad.
Según datos de la ODEPA, la superficie cultivada ha mostrado una caída sostenida desde la década de 1990, como efecto de la apertura comercial, mayor competencia del azúcar importado y reconfiguración del sector agroindustrial. Este proceso ha reducido progresivamente el peso de la producción nacional en el mercado.
En términos territoriales, la contracción no elimina la actividad, si no que la concentra. Persisten focos productivos en el centro-sur, donde el cultivo sigue teniendo un rol relevante en economías locales específicas.
IANSA fue creada por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en 1953 para impulsar la producción azucarera nacional y fue privatizada en la década de 1980 como parte de las reformas económicas de la dictadura, lo que redefinió su inserción en el mercado.
En las últimas décadas, el sector ha experimentado una caída significativa de la superficie de remolacha respecto de sus niveles históricos, junto con una transformación de sus encadenamientos productivos (ODEPA). Una situación que vuelve visible un fenómeno más amplio: la ausencia de iniciativa estatal sobre empresas de sectores estratégicos, asumiéndose como un actor vertebrante, no sólo como prestador de subsidios para el empresariado.
Si bien no se observan movimientos hacia la estatización de recursos o de industrias claves y de alto arraigo territorial, existen antecedentes de intervención estatal en procesos de ajuste productivo esperables y exigibles para este caso. En el sector agrícola, INDAP ha desarrollado programas de apoyo y reconversión para pequeños productores frente a cambios en mercados o sustitución de cultivos. CORFO, por su parte, ha impulsado instrumentos de fomento orientados a la adaptación productiva regional.
En otros sectores con fuerte anclaje territorial, como la pesca industrial, la regulación de cuotas, vedas y administración del recurso ha operado como mecanismo de ajuste con efectos directos sobre comunidades dependientes de la actividad, según información de SUBPESCA y SERNAPESCA.
Estos casos muestran que, incluso bajo una economía tan fuertemente orientada al mercado, el Estado ha desplegado instrumentos de intervención para gestionar transiciones productivas con impacto territorial, mediante regulación, compensaciones o programas de reconversión, porque el mercado, pese a la consigna, no se regula a sí mismo.
El caso de IANSA vuelve a situar el debate en torno a la capacidad institucional para anticipar y gestionar procesos de ajuste en sectores con alta concentración territorial. La discusión no se limita a la distinción entre lo público y lo privado, sino a la disponibilidad y oportunidad de los instrumentos de política pública frente a decisiones empresariales que reconfiguran encadenamientos productivos completos. El punto crítico no es únicamente la existencia de mecanismos de intervención, sino la capacidad de activación temprana en procesos de transformación productiva que ya se encuentran en curso.